En Montevideo se realizó una marcha de la Confederacion Nacional de Asentamientos junto a vecinas y vecinos

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Movilización por el Derecho a la Vivienda, la Ciudad y Justicia de Género





Movilización y Reclamo Ante el MVOT

Un grupo de vecinas, referentes barriales y delegadas de diversos asentamientos —pertenecientes a colectivos sociales movilizados junto a la Coordinadora Nacional de Asentamientos (CNA), de la ciudad de Montevideo— se presentaron ante la sede del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). En el lugar mantuvieron un diálogo directo con la ministra de la cartera, Tamara Paseyro, para visibilizar y exigir soluciones urgentes ante graves problemáticas socioambientales y habitacionales.

Puntos Clave Expuestos por las Vecinas:

  • Salud mental y acceso a la salud: Denuncian un profundo impacto emocional, situaciones de desesperación y la falta de atención médica oportuna en los barrios periféricos.

  • Emergencia habitacional e inundaciones: Expusieron la gravedad de habitar en zonas altamente vulnerables donde, ante mínimas precipitaciones, el agua alcanza hasta 3 metros de altura, anegando hogares y destruyendo bienes de decenas de familias.

  • Límites en subsidios y realojos: Manifestaron disconformidad con el tope de presupuesto asignado para la compra de vivienda usada ($65.000 USD), el cual resulta completamente insuficiente para familias numerosas. Además, cuestionaron las opciones de realojo que las desplazan involuntariamente hacia las afueras de la ciudad.

  • Prejuicios y abandono institucional: Exigieron ser reconocidas y escuchadas en su rol de gestoras y promotoras culturales dentro de sus comunidades, manifestando un sentimiento constante de abandono y estigmatización por parte del Estado.


Respuesta de las Autoridades:
La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, recibió a la delegación e intercambió propuestas. Durante la reunión reconoció la imperiosa necesidad de conformar e integrar mesas de trabajo interministeriales —junto a organismos como el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE)— para abordar tanto las urgencias inmediatas como las soluciones habitacionales estructurales a largo plazo.

Injusticia de género, racismo ambiental, y vidas condenadas a las periferias

El reclamo presentado por las vecinas y delegadas territoriales trasciende la demanda puntual de una vivienda bajo techo; constituye un cuestionamiento profundo a las dinámicas de desarrollo urbano desigual y a la distribución de las cargas de trabajo de cuidado en nuestra sociedad.

" Tenemos derecho a vivir en la Ciudad"

El 'derecho a la ciudad' implica habitar espacios integrados, provistos de servicios básicos, infraestructura, transporte y acceso equitativo a oportunidades. La situación expuesta da cuenta de una segregación socioespacial sistemática: la especulación inmobiliaria y la rigidez de los instrumentos estatales desplazan a las poblaciones empobrecidas hacia periferias carentes de servicios o hacia suelo ambientalmente frágil. Este corrimiento margina geográficamente y precariza la cotidianeidad, transformando los eventos climáticos en emergencias permanentes.

Sin dudas que existe una sobreexplotacion sobre los cuerpos femineizados.

La movilización pone de manifiesto lo que los análisis territoriales y feministas denominan la 'feminización de la supervivencia'. Son predominantemente mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, quienes asumen la representación política comunitaria y sostienen materialmente la vida en los barrios empobrecidos.

Mientras las políticas públicas imponen burocracias y topes financieros alejados de la realidad económica de las familias numerosas, las mujeres absorben el costo del repliegue estatal mediante:
• La gestión del cuidado comunitario: Atención e itinerarios de niñeces, adolescencias y adultos mayores en entornos sin infraestructura de salud o cuidados.
• El soporte emocional y la emergencia: La contención frente a inundaciones, la insalubridad y la incertidumbre habitacional cotidiana.

Conclusión

La problemática habitacional explicitada en esta jornada es, simultáneamente, una crisis de derechos humanos, de planificación urbana y de justicia de género. Escuchar e incorporar de forma vinculante la voz de las mujeres que sostienen los barrios es un requisito indispensable para diseñar políticas públicas efectivas, integrales y verdaderamente democráticas.

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